La Defensoría del Pueblo urgió al Gobierno Nacional a adoptar medidas inmediatas de atención y protección integral para las comunidades afectadas por los enfrentamientos armados registrados durante el pasado fin de semana en zona rural de los municipios de Briceño y Anorí (Antioquia). Los combates entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Gofo provocaron desplazamientos masivos, confinamientos y la detección de áreas minadas, según confirmó la entidad.
En Briceño, hasta el pasado 19 de octubre, se reportó el desplazamiento forzado de 2.081 personas provenientes de 23 veredas, una cifra que desbordó la capacidad de respuesta humanitaria del municipio. La Defensoría recordó que desde 2019 está vigente una alerta temprana en la que ya se había advertido el riesgo de desplazamientos, enfrentamientos, instalación de artefactos explosivos y asesinatos por disputas entre actores armados ilegales. En Anorí, los combates ocurridos en la vereda Los Trozos —sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho— obligaron a 176 habitantes a huir para proteger sus vidas.
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La entidad informó que desde el inicio de la emergencia participa activamente en el Subcomité de Prevención y Protección y en el Comité de Justicia Transicional. Además, sostuvo diálogos directos con lideresas y líderes sociales, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías locales, la Personería y organismos internacionales.
“Rechazamos las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, expresó la Defensoría, al recordar que esta zona del norte de Antioquia ha sido históricamente disputada por grupos ilegales debido a su ubicación estratégica para el transporte de economías ilícitas.
La Defensoría también advirtió sobre la crítica situación humanitaria en Tarazá (Antioquia), donde enfrentamientos recientes en las veredas Doradas Altas y Tahamí provocaron el desplazamiento de más de 60 familias y el confinamiento de otras 33. A ello se suman dos hechos con minas antipersonales: en el primero murió un habitante y en el segundo otra persona resultó gravemente herida.
La institución solicitó la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, así como del Departamento de Prosperidad Social y de la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional, con el fin de coordinar una respuesta integral. Recordó además que estos riesgos habían sido advertidos en la Alerta Temprana 045 de 2020, que cubre los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.
“Es importante que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el propósito de articular medidas urgentes y acciones de protección para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos”, indicó la Defensoría. También recomendó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelantar labores de desminado que garanticen el retorno seguro de las familias desplazadas.
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Aunque la Defensoría reconoció los esfuerzos de la Alcaldía de Tarazá y la Gobernación de Antioquia para atender la emergencia, insistió en la necesidad de una respuesta nacional articulada, sostenida y con enfoque integral.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a los grupos armados para que dejen “por fuera de sus acciones a la población civil y, bajo ninguna circunstancia, incumplir lo que establece el derecho internacional humanitario (DIH). Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben ser atendidos y respetados”.
Ante la situación de orden público en las veredas Doradas Altas y Tahamí, Antioquia, insistimos en la participación activa y una respuesta institucional articulada por parte del Gobierno nacional.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 20, 2025
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