El ataque fue protagonizado por hombres armados de las disidencias del Frente 40 de las extintas Farc, quienes obligaron a descender a los funcionarios de los vehículos e incineraron la camioneta de las Naciones Unidas. La misión humanitaria se hallaba en la zona acompañando a la comunidad y a los líderes sociales, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Esta agresión contraviene gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que establece una protección especial a las personas y a los bienes civiles, como también a las personas que realizan misión humanitaria a favor de la población civil.
El Defensor del Pueblo hace un llamado a los grupos armados organizados a respetar en todo tiempo a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de los organismos humanitarios en el marco de los principios y reglas del DIH. De igual manera, manifiesta su solidaridad para con las Naciones Unidas en Colombia