La defensa del condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de presentar una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la que busca que se suspenda la orden de prisión domiciliaria contra su prohijado. De acuerdo con el documento, al exjefe de Estado se le habrían vulnerado derechos fundamentales de dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad.
La tutela presentada por el abogado Jaime Granados señaló que los derechos del Uribe fueron vulnerados «al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana».
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Dentro de las peticiones que le hizo al Tribunal, está la de suspender provisionalmente la orden de captura contra el condenado y, en caso de que ya se haya dado cumplimiento, “ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”.
Asimismo, la defensa del expresidente Uribe pidió que se declarara que el Juzgado 44 Penal de Bogotá «trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad» de Álvaro Uribe. Esto, dice el abogado Granados, para que se garantice “el derecho que le asiste a permanecer en libertad, al amparo de la presunción de inocencia, mientras se dicta una decisión definitiva en el referido proceso penal”.
En la tutela de 91 páginas, la defensa de Uribe argumenta que en la sentencia dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia tuvo varios errores y no tenía un sustento real para ordenar la detención del expresidente. Según resaltó el abogado Granados, lo decidido por el despacho “se deriva de claros vicios de motivación y presupone privar de la libertad a un ciudadano bajo premisas inconstitucionales que implican desconocer su presunción de inocencia y tratarlo como culpable”.
Para los abogados del condenado Uribe, la sentencia contra su cliente es “una clarísima negación de la presunción de inocencia, pues, se da por sentado que como se cometió un delito es necesaria su detención para evitar que se siga delinquiendo, aspecto que desconoce que la condena no se encuentra en firme y que hoy para ningún efecto, Álvaro Uribe Vélez, puede ser considerado ni tratado como culpable”.
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Agregan los abogados que “justificar entonces la detención inmediata en pro de los efectos disuasivos de la pena, es desconocer gravemente la presunción de inocencia y darle a la detención ordenada un carácter de pena anticipada, lo cual desconoce las garantías fundamentales”.
La tutela se da tras la lectura de la sentencia leída contra el expresidente Uribe el pasado 1 de agosto, cuando se le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de más de $ 3.444 millones por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La decisión fue apelada por Uribe y su defensa y el caso tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión de segunda instancia tendrá que ser tomada por el Tribunal antes de que termine octubre de este año, pues el proceso en contra del expresidente prescribiría para esas fechas y, de no haberse definido, tendrá que archivarse.