La Contraloría General de la República de Colombia emitió una alerta de control interno al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, señalando que la situación de riesgo en la producción de pasaportes aún no ha sido superada.
Aunque se firmaron dos convenios el pasado 18 de julio de 2025, para aunar esfuerzos y otorgar a la Imprenta Nacional el papel de ejecutora del nuevo modelo, la Contraloría señala que no encuentran claridad sobre quiénes serán los aliados de la Imprenta.
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Se supone que a partir de septiembre la Imprenta Nacional, en alianza con el gobierno de Portugal, llevarán a cabo la prestación del servicio. No obstante, otros órganos de control, así como la excanciller Laura Sarabia, han advertido que esas entidades no están listas y que debe volver a contratarse con el histórico productor, la firma Thomas Greg & Sons.
Actualmente, la Procuraduría abrió una investigación contra los excancilleres Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo, y a Alfredo Saade, nuevo jefe del Despacho presidencial. Los que busca verificar la entidad es si estos funcionarios cometieron faltas disciplinarias al no resolver de manera efectiva quién iba a imprimir los pasaportes en Colombia, luego de que Saade dijera que no quiere que Thomas Greg & Sons siga con ese papel.
Volviendo a la alerta emitida por la Contraloría, el ente público asegura que: “No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”.
Asimismo, la Contraloría aclara que el contrato actual de expedición y personalización de las libretas vence el 31 de agosto de 2025, y ni la Imprenta Nacional ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han suscrito contratos para mantener la prestación del servicio, lo que pone en evidencia el riesgo del cumplimiento de esta obligación del Estado.
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El ente asegura que advierte sobre la situación de manera preventiva, con el fin de que se adopten medidas extraordinarias “para que se mitigue el riesgo identificado, evitando la afectación al servicio público y de esa manera precaver las graves implicaciones sociales que de ello pudiesen derivarse”.
Según la Contraloría, “de no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”.