Se conocieron los detalles de dos propuestas que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le presentará al presidente Gustavo Petro, para crear un grupo de Policía local conformado por 1.000 hombres y mujeres armados, con el objetivo de combatir la inseguridad en la capital del país.
El objetivo es presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para permitir la creación de Agencias de Seguridad y Convivencia en algunas ciudades.
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Esa nueva Policía local que dependería del Distrito, estaría enfocada en atender delitos de alto impacto como hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales entre otros. Sin embargo, no reemplazaría a la Policía Nacional, sino que se convertirá en un apoyo adicional para la institución.
La propuesta tendría una inversión de $ 51.375.344.000 por año, que serían invertidos en salarios y dotaciones para los uniformados. Los costos de funcionamiento y entrada dependerán específicamente del número de policías y tendría una cofinanciación de la nación del 50 %.
Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá prepara otra propuesta para crear equipos territoriales de convivencia, con un cuerpo de uniformados no armados que dependan del Distrito, los cuales no serán nombrados como Fuerza Pública pero sí autoridad de Policía para poder imponer comparendos por violación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Estos uniformados serían utilizados para tareas específicas como en las estaciones y portales de Transmilenio, además de custodiar el espacio público, con el fin de complementar a la Policía Nacional.
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Ese escuadrón especial se encargaría de atender situaciones como riñas, cierre de establecimientos públicos, casos de violencia intrafamiliar y vigilancia de barrios. El objetivo de estos nuevos policías locales será ampliar la cobertura en los operativos o capturas y que no se necesite de tantos policías nacionales para imponer un comparendo.
De acuerdo con el Distrito, la intención es liberar a los uniformados de la Policía para que puedan atender la situación de orden público en el país.