La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y ordenó la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva; la gran pregunta es si Leyva se encuentra o no ejerciendo aún sus funciones ministeriales. Sin embargo, un documento conocido en las últimas horas podría dar pistas.
Ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue radicada hacia las 12:21 de la tarde de este martes, 30 de enero, una respuesta a un cuestionario formulado por el representante del Centro Democrático, Edinson Vladimir Olaya, para el cumplimiento de una proposición de convocatoria de debate de control político hecha el 12 de diciembre de 2023 y en la que la Cancillería deberá explicar los hechos que llevaron a la fallida y polémica licitación de los pasaportes.
Lo que causa extrañeza es que el documento fue firmado por el suspendido canciller Leyva con fecha del 26 de enero pasado, tres días después de que la Procuraduría anunció y notificó la suspensión del funcionario. Se trata de un cuestionario con 16 preguntas presentado por Olaya indagando por el accionar de Leyva y las medidas tomadas por la Cancillería en general en medio del proceso de licitación, las fricciones que tuvo su despacho con Martha Lucía Zamora, para entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y su posterior renuncia solicitada por el presidente Gustavo Petro.
Frente a la discusión con Zamora, el canciller Leyva insistió en su respuesta de que nunca se presentaron gritos, reprimendas o comportamiento inadecuado en la Casa de Nariño, que la salida de la funcionaria se debió a una decisión autónoma del presidente de la República y que sí se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Agencia de Defensa del Estado.
Sobre las presuntas irregularidades en la licitación, Leyva sostiene en el documento que no tiene conocimiento de ningún tipo de irregularidad, que no hubo ningún interés en el mismo por parte de su hijo Jorge Leyva y de Juan Carlos Losada y que la licitación fue declarada desierta cumpliendo todos los principios de la contratación pública, por lo que responde al representante que si conoce alguna irregularidad interponga la denuncia correspondiente.