*Los gobiernos dicen que todos tienen derecho a participar siempre y cuando cumplan con los requisitos.
Cuando el Gobierno Nacional bajo la Administración de Alfonso López Pumarejo en el año 1936 expidió el decreto 219 con el que se asignó con carácter permanente los recursos para los restaurantes escolares en cuanto la atención nutricional a los estudiantes del sector público, jamás se imaginó que este programa se viera envuelto en sobrecostos, encrucijadas, investigaciones y que cayera en un mar de corrupción.
Dagoberto Barraza
Lo que comenzó bajo la coordinación del MEN con el transcurrir de los años hace su intervención en el proceso nutricional el ICBF, que se encarga del lineamiento de la ejecución de proyectos de Protección Nutricional y educación alimentaria en escuelas oficiales de educación primaria, más tarde se decide que ya no lo manejara el ICBF sino directamente el MEN y con la participación del DNP y se establece un nuevo esquema, es ahí donde comienza la participación de los operadores, las entidades territoriales y los demás actores y es cuando se da paso al ‘desbarajuste’, las contrataciones a dedo, las recomendaciones políticas, los operadores indolentes, el gasto excesivo y al final el alimento de los niños se desvía hacia la miserableza pero pagado a un alto costo.
Es por ello que hoy por hoy ante tantas denuncias, investigaciones e irregularidades, hacen presencia los entes de control y revelan que a nivel nacional están en marcha procesos de responsabilidad fiscal por el orden de 83 mil millones de pesos que abarcan todos los departamentos con más de 150 investigaciones abiertas.
La Procuraduría General de la Nación abrió diez investigaciones disciplinarias a los entonces gobernadores de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés.
Los entonces gobernadores vinculados a este proceso disciplinario son: Ricardo Alvarado Bestene (Arauca), Eduardo Ignacio Verano De la Rosa (Atlántico), Álvaro Pacheco Alvarez (Caquetá), Oscar Rodrigo Campo Hurtado (Cauca), Jorge Emilio Rey Ángel (Cundinamarca), Carlos Eduardo Osorio Buriticá (Quindío), Oscar Barreto Quiroga (Tolima), Didier Alberto Tavera Amado (Santander), Edgar Enrique Martínez Romero (Sucre).
La Procuraduría también investigó a la secretaria de Educación, Nelcy Orely Rojas Mojica de Arauca, al secretario de Educación, Dagoberto Barraza Sanjuán en el Atlántico, pues al parecer en ese departamento no se prestó el servicio desde el primer día del calendario escolar y se empezó a suministrar hasta el 21 de marzo a 48.226 beneficiarios. Por ello hoy día está pagando casa por cárcel.
La Contraloría emitió una alerta, no por nuevos casos de corrupción, sino porque el 32% de los departamentos y municipios certificados no han contratado el PAE. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación, 31 de los 96 entes territoriales no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar.
Así va el PAE en la Costa
En Bolívar
Los escándalos alrededor del PAE cada vez son más notorios, si nos trasladamos al departamento de Bolívar nos hemos encontrados con las siguientes ‘perlitas’ que a pesar de denuncias de supuestas irregularidades, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) encontrado le fue adjudicado a tres uniones temporales y un consorcio que está compuesto por ocho firmas y en su mayoría no son muy ‘santas’ por contrataciones anteriores, y entre ellas prima el cambio frecuente de su nombre, y objetos sociales.
También hace parte del PAE de Bolívar 2020 la Corporación para la asistencia integral, Corporasin, que fue sancionada en 2014 por la Gobernación de Santander por entregar alimentos en mal estado e incumplir el contrato en algunos municipios y en 2015 el Ministerio de Trabajo le formuló pliego de cargos por no pagar salud, pensión y salario a sus empleados. van desde dictar talleres hasta la construcción de vías.
Ante ello la lupa no se puede quitar al PAE en Bolívar, por $30.038 millones, fue adjudicado para atender 44 municipios no certificados en los cuales deberán ser entregadas meriendas y almuerzos a 113.324 estudiantes.
En Sucre
La Veeduría Ciudadana tiene los ojos puestos en la contratación del PAE y verificar el mando de los $17 mil millones que adicionaron al presupuesto departamental y esos dineros no alcanzarían para la totalidad del programa, por ello se está a la espera de la cofinanciación de la administración departamental.
Cabe recordar que la Contraloría encontró un caso de sobrecostos en un contrato de dotación de los comedores escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toluviejo (Sucre). Al concluir una auditoría del cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), detectó hallazgos fiscales por un total de 754 millones de pesos.
En Córdoba
Aún en el departamento de Córdoba no se han hecho las adjudicaciones del Programa de Alimentación Escolar PAE debido a que la administración departamental está haciendo unas revisiones ya que dentro del programa se incluirá una dieta alimentaria diferencial para la población indígena de la subregión del Alto Sinú y San Jorge.
Por su parte, el gobernador Orlando Benítez ha invitado a la comunidad de docentes, veedores, juntas de padres y comunales a que se conviertan en vigilantes del programa y de esta manera acortar cualquier irregularidad de incumplimiento por parte del operador en caso que se presente ya que no se le puede negar ni un solo grano de arroz a los niños de la escolaridad.
El PAE beneficiaría a más de 150 mil escolares y el costo sobrepasa los 36 mil millones y a la población indígena los recursos destinados están por el orden de los 10 mil millones y se beneficiarían 16 mil menores.
En el Cesar
Se ha estipulado que el programa de alimentación escolar atiende a toda la población escolar de los 24 municipios no certificados en educación, que asciende a 154.185 estudiantes de los cuales el departamento contrata el suministro de 126.759 raciones de alimentos diarios, mientras algunos municipios atienden la población restante.
Con la asignación del 30% de los recursos PAE hecha por el Ministerio de Educación Nacional en el primer trimestre no se alcanza a cubrir una prestación de 180 días calendario. Como los recursos que llegarán no alcanzarían para el cubrimiento total el departamento optó por crear estrategias de tal manera que con los primeros recursos se gastan en el primer trimestre de la vigencia y que llegan vía Ministerio Educación empalmen con los recursos del Ministerio de Hacienda que se reciben en el mes de mayo a través del Conpes 151/12 para que así se pueda garantizar la cobertura que se viene atendiendo y evitar la deserción escolar.
En Magdalena
El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, le apunta a un PAE reestructurado donde se cumpla a cabalidad y es por ello que adelanta un proyecto de reformulación del programa alimenticio.
Para ello ha creado una ruta de trabajo donde participan estudiantes, docentes, veedores, padres de familias y miembros de comunidades indígenas.
Para este programa se tiene previsto beneficiar a 133 mil niños y miembros de las comunidades Chimila y Arhuacos.
El mandatario seccional anunció total transparencia y enfatizó que no permitirá que se pierda ni media ración y que para ello el comité de veeduría tendrá los ojos puestos en el desarrollo de las adjudicaciones y cumplimientos.
En cuanto al Distrito de Santa Marta el PAE fue adjudicado a la firma Unión Temporal Nutrimos 2020.
La Administración Distrital fue enfática al afirmar que la escogencia del operador se hizo con total transparencia y el oferente se ciñó a cabalidad con las reglas establecidas y que todos en la ciudad serán veedores del cumplimiento de la firma y no permitirán irregularidades ni malos manejos que perjudiquen la alimentación de los escolares.
En Atlántico
A partir del mes de marzo se inicia la licitación para escoger el nuevo operador del PAE en el Atlántico que beneficiará a más de 86 mil estudiantes de 20 municipios y el proceso se hará en el marco de la transparencia ya que tienen como prioridad la calidad y entrega oportuna del alimento escolar. Este proceso se inicia una vez culmine en el otro mes el contrato del actual operador.
El departamento cuenta con un presupuesto de más de 17.900 millones de pesos y los oferentes deben tener una carta de presentación transparente. Puesto que el Atlántico estuvo en el ojo del huracán a raíz de la presunta corrupción que se manejó en la administración anterior y que hoy por hoy el exsecretario Dagoberto Barraza se encuentra investigado y con una medida de detención domiciliaria.
La Guajira
Es quizá uno de los departamentos que desde el inicio el PAE registró irregularidades por doquier la destitución e inhabilidad del alcalde de Riohacha a igual que su secretaria de Educación por quebrantar el principio de selección objetiva. Detención domiciliaria a la coordinadora del PAE, un exgobernador cuestionado por la pérdida de más $11 mil millones perteneciente a la alimentación infantil.
Con todo lo antes mencionado los rectores de los 91 establecimientos públicos de La Guajira enfatizaron en la optimización de los programas para fortalecer la permanencia de los estudiantes en los programas de transporte escolar y PAE y para ello se reunió con los secretarios de Educación municipales, de los 12 municipios no certificados del Departamento ya que lo que se busca es trabajar de manera mancomunada para que no se registren irregularidades en la escogencia de los operadores como tampoco en los planes alimenticios para los beneficiarios del programa.
Con Unidad Administrativa Especial se busca frenar corrupción en los PAE
El presidente Iván Duque le apuesta al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes brindando atención de calidad y para ello se basa en una política pública de alimentación escolar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 189 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, aprobado por el Congreso de la República. El presidente anunció, en el marco de la Cumbre de Gobernadores, la creación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar: ‘Alimentos para Aprender’.
Esta estrategia apunta a promover la transparencia en la contratación, la eficiencia en la financiación, la ampliación de la cobertura, garantizar la continuidad, calidad e inocuidad de la alimentación escolar durante todo el calendario escolar y proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia, la cual comenzará a regir a partir del 1 de marzo.
Como Unidad Administrativa Especial, la entidad, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, tiene autonomía administrativa, personería jurídica, patrimonio, estructura interna y planta de personal independiente para fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar en el país.
“El país requiere una carta de navegación de largo plazo, que oriente a los gobiernos locales en torno a la Alimentación Escolar como una acción social integral que favorezca el acceso, el bienestar y la permanencia de los estudiantes en el sistema”, expresó el mandatario Iván Duque.
La Unidad, se estructura con un modelo que pone a los estudiantes en el centro, entendiendo la necesidad de la alimentación escolar para lograr trayectorias educativas completas. Asimismo, favorece la gestión de recursos financieros para incrementar las coberturas de la alimentación escolar y la corresponsabilidad de los Municipios, Departamentos y de la Nación en la educación; a la vez que se articula con las entidades territoriales para acompañarlos en sus procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha de los programas en cada región, tanto en sectores urbanos como rurales.
En este sentido, fortalecer los mecanismos para mejorar la eficiencia y transparencia del programa en los diferentes niveles será uno de los retos de la Unidad, concentrando el esfuerzo en los procesos preventivos, a partir de un ejercicio de gestión del riesgo que favorezca la generación de alertas tempranas en la operación del PAE.