El departamento del Atlántico enfrenta un fenómeno criminal cada vez más preocupante: el reclutamiento masivo de menores de edad por parte de bandas como “Los Costeños” y “Los Pepes”.
De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al menos 2.000 jóvenes harían parte de estas estructuras que operan en múltiples municipios del departamento y que están detrás de una creciente ola de homicidios y extorsiones.
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“Las organizaciones de microtráfico han encontrado que el mejor vehículo para penetrar en la venta de drogas es utilizando jóvenes de 14, 15 y 16 años. Son más obedientes y útiles para sus propósitos. La cifra que manejamos hoy es de al menos 2.000 muchachos vinculados a estas bandas”, advirtió el mandatario en declaraciones al portal Zonacero.com.
Verano sostiene que esta realidad no solo profundiza la crisis de seguridad, sino que representa una amenaza directa contra el tejido social de la región, pues desvía el proyecto de vida de cientos de adolescentes hacia dinámicas violentas.
Hacia una mesa de diálogo con cabecillas criminales
El gobernador también reveló que los cabecillas de ambas estructuras, Digno Palomino, de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, de “Los Costeños”, han manifestado su voluntad de sentarse a dialogar bajo el marco de la Ley de Paz Total, impulsada por el Gobierno Nacional.
“Estas dos personas representan el 88 % de la actividad extorsiva y de los homicidios por sicariato en el Atlántico. Muchos de los asesinatos son vendettas internas entre bandas por el control del microtráfico. La extorsión, en cambio, es un fenómeno más extendido, que afecta directamente al comercio, al empleo y al desarrollo regional”, señaló el gobernador.
Aunque aún no se ha definido el marco metodológico de la posible mesa, Verano enfatizó la necesidad de que el proceso sea articulado con el Gobierno nacional y las autoridades distritales.
“Debe haber un diseño institucional con reglas claras, participación del Alto Comisionado para la Paz y lineamientos del Ministerio de Defensa. Algunas de las solicitudes de las bandas podrían implicar competencias del orden nacional”, explicó.
Oferta institucional y enfoque social
En paralelo a los diálogos, se busca avanzar en la caracterización de las estructuras ilegales y su base social, la mayoría conformada por jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Este diagnóstico, liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia, servirá como insumo para diseñar una oferta institucional robusta que incluya oportunidades educativas, empleo digno y soluciones de vivienda.
“Tenemos que ofrecer una salida a quienes, por falta de oportunidades, fueron captados por estas redes criminales. Si conseguimos la paz mediante una política integral de empleo, formación y apoyo social, habremos ganado más que una guerra”, dijo Verano, quien recordó que hace solo unos años municipios como Usiacurí acumulaban más de una década sin homicidios.
La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla enviaron comunicaciones formales en marzo y abril al Alto Comisionado para la Paz, en las que expresaron la disposición de ambas estructuras criminales para acogerse a un proceso de sometimiento.
Mientras el país observa con atención esta posible salida negociada, las autoridades locales advierten que el éxito dependerá de que se combine con acciones contundentes contra el crimen y una oferta social sólida que impida el reciclaje del delito entre los jóvenes.