El Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, pactaron seis acuerdos que incluyen desescalamiento del conflicto, acceso a tierra, uno sobre ambiente y contención de tala de bosques y un pacto de cara a las elecciones de 2026, entre otros.
Según el documento, el “acuerdo compromete al EMBF FARC EP a iniciar la implementación de una política de no incorporación de menores de 18 años a sus filas».
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También se afirma que “el Gobierno incrementará los programas integrales de protección a los niños, niñas y adolescentes de Colombia, especialmente en las zonas de conflicto”.
De acuerdo con el documento, los pactos se dieron en el marco del séptimo ciclo de diálogos de paz que se realizó en la inspección de Campo Hermoso, en el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá. Esta ronda de negociaciones se dio en total hermetismo.
En el documento de nueve puntos también se hace referencia a la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta, que tiene como misión “realizar un censo de las personas privadas de libertad por razones del conflicto” para examinar su estado de salud y jurídico e “impulsar proyectos educativos y productivos amparados por las normas carcelarias y penitenciarias”.
Así mismo, se especifica que habrá un cronograma de visita a las regiones con presencia de miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente “para constatar” los avances de los acuerdos de transformación territorial impulsado por la mesa de paz.
El texto también indica que la mesa “facilitó” un espacio de participación de representantes de comunidades rurales y urbanas. En el espacio, dice la declaración, “se dio respuesta a las peticiones presentadas por los campesinos y población urbana”. Ese encuentro se dio en el corregimiento de San Juan de Lozada, en La Macarena, Meta.
La disidencia ‘Calarcá Córdoba’, ha intensificado su confrontación con la facción del Estado Mayor Central (EMC) dirigida por ‘Iván Mordisco’. Esta disputa territorial se ha traducido en paros armados, amenazas cruzadas a las comunidades y una pugna por el control del norte de Caquetá y Guaviare, lo que ha provocado severos riesgos para la población civil.
El primero punto es un “acuerdo especial de desescalamiento del conflicto para generar hechos y gestos de paz, dirigido a mitigar los efectos entre la población civil, funcionarios gubernamentales, firmantes de paz, miembros de la Fuerza Pública e integrantes del EMBF.
El segundo punto es un acuerdo sobre tierra y transformación territorial que promueve el acceso a la tierra, la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Este punto también incluye “el reconocimiento de los derechos de las comunidades en el territorio y la conservación de las áreas de especial interés ambiental”.
El tercer punto es un acuerdo sobre ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva, contención de la tala de bosques, sustitución de cultivos de coca y protección de parques nacionales naturales.
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En el caso de comicios electorales de 2026, el punto especifica que será un pacto “que permita el libre ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos”, y también que garantice a todos los partidos y candidatos el derecho a exponer sus programas ante los electores del país.
Según el documento -fechado el 20 de noviembre y firmado por Gloria Quiceno, jefe de delegación del Gobierno y Leopoldo Durán, jefe negociador del EMBF-, este séptimo ciclo contó con la presencia de delegados las embajadas de Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela en calidad de países garantes.
También estuvieron delegados del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias, quienes son acompañantes permanentes.