En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se radicó ayer la ponencia de archivo a la reforma tributaria, que no tiene el mejor ambiente en las comisiones económicas del Congreso.
El documento fue presentado por la representante Katherine Miranda, quien argumenta que Colombia no aguanta más impuestos.
“Una reforma que hoy pretende recaudar 26 billones de pesos, metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media (…) insiste en subir aún más el costo de la gasolina, pese a que el presidente Gustavo Petro diga lo contrario. Ese aumento golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores, y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos”, señaló.
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Y agregó: “Radico esta ponencia de archivo porque esta reforma sí afecta a quienes menos tienen y porque el país no necesita más reformas ni más impuestos. Lo que Colombia necesita es un gobierno austero que deje de derrochar los impuestos de los colombianos en viajes, en comitivas, en lujos y en gastos innecesarios. Un gobierno que recorte la contratación excesiva, que cierre las embajadas que no sirven y que por primera vez se apriete el cinturón y deje de cargarles sus errores a los colombianos”.
Dentro del documento de la ponencia se argumenta que Colombia no necesita una reforma que suba la tributación agregada a hogares y empresas. Para la congresista, este proyecto deteriora la competitividad, castiga a las familias formales, encarece la producción, golpea la inversión y debilita el crecimiento.
“En vez de simplificar y dar estabilidad, propone más tarifas, más bases y más tributos superpuestos. Lo diré con números: el texto eleva la presión sobre las personas naturales —subiendo tarifas hasta 41%, gravando inflaciones y desmontando deducciones—; castiga el ahorro y el mercado de capitales encareciendo dividendos para residentes; mantiene a Colombia con 35% de renta empresarial cuando la OCDE promedia 23%, y encima sube el dividendo a inversionistas extranjeros; reactiva un impuesto al patrimonio más amplio y más caro; y recarga insumos productivos vía un impuesto al carbono que no es ambiental, sino recaudatorio. Todo ello mientras reintroduce un 1% sobre ingresos brutos a la extracción de hidrocarburos y carbón, y añade más disposiciones antitécnicas que traban la economía real”, señala el documento.
A pesar de estos puntos negativos, en la ponencia se rescatan algunos puntos positivos de la iniciativa, como alivios, conciliaciones y un bono de transición energética, que se “pueden aprobar en una ley aparte sin abrirle la puerta a la reforma”.
En las Comisiones Económicas de la Cámara y Senado no hay ambiente para la reforma tributaria. La posición no ha cambiado a pesar de que se aprobó un presupuesto para el 2026 con un déficit de 16 billones de pesos. El pasado jueves se reunieron los ponentes con el gobierno para exponer el proyecto, pero al final fueron pocos los presentes por parte de los legisladores. Por Senado apenas fueron tres congresistas.
En el gobierno son conscientes de las dificultades que implica tramitar una reforma tributaria en año electoral y con los señalamientos de mala ejecución del gobierno de Gustavo Petro.
Por eso, desde que aprobaron el presupuesto con el déficit de 16 billones pusieron como posibilidad bajar aún más los recursos a conseguir por la tributaria.
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Fuentes del gobierno confirmaron en pasadas ocasiones que estarían dispuestos a bajar hasta la mitad el monto a recoger. Es decir, sería una ley de financiamiento de 8 billones y no de 16, como se planteó con lo aprobado en el presupuesto.
Sin embargo, lo ocurrido durante la semana pasada es una evidencia de que hay pocas intenciones de conciliar. Y es que es muy difícil tramitar un proyecto en el Congreso que implique nuevos impuestos en pleno año electoral. Dar un voto positivo a la propuesta puede implicar perder apoyos en las urnas.
En ese sentido, las alternativas que se están manejando apuntan a hundir el proyecto y reemplazarlo con otras propuestas. Por ejemplo, desde la oposición reconocieron que presentarán ponencia de archivo al proyecto y esta vendrá acompañada con una propuesta de recorte de gastos.
“Vamos a armar una ponencia de archivo con una propuesta similar a lo que hizo Uribe en el 2003, que fue el Prap (Plan de Renovación de la administración pública)”, explicó el senador Ciro Ramírez.
La propuesta sería hacer un recorte de gastos del gobierno en un aproximado de 1,5 puntos del PIB, lo que equivaldría a los 16 billones que se buscan con la tributaria. Esta propuesta viene del uribismo, pero vendría con el visto bueno de otros sectores contrarios al gobierno que ven con dificultad aprobar más impuestos en año de elecciones.