En zona rural de Ábrego, Norte de Santander, las autoridades evitaron que un ciudadano fuera secuestrado durante un combate con presuntos integrantes de la Estructura 33 de las disidencias de las Farc, uno de los grupos armados con mayor presencia en el Catatumbo.
La confrontación se registró en la Ruta Nacional 70, a la altura del kilómetro 43, en la vereda Brisas del Tarrita, donde tropas del Batallón de Infantería 15 —adscrito a la Trigésima Brigada— realizaban operaciones de control territorial en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus.
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De acuerdo con información militar, los hombres pretendían retener por la fuerza a un civil que transitaba por el sector, en un hecho que se habría cometido para fortalecer sus fuentes de financiamiento ilegal.
La reacción de los soldados impidió el secuestro y desencadenó un combate de encuentro que obligó a los responsables a huir en diferentes direcciones, aprovechando la topografía y la vegetación de la zona.
En el registro del área tras el combate, las tropas incautaron tres armas cortas, munición de diferentes calibres y dos motocicletas, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes. El Ejército reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 147 y 107.
Las alianzas entre grupos armados ilegales en el Catatumbo
Informes de inteligencia señalan que en esta zona fronteriza con Venezuela persiste una disputa armada entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. A este escenario se suma la confrontación que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo, sostienen tanto con el EMBF como con el ELN por el control territorial y de economías ilícitas.
La situación de seguridad se agravó desde comienzos de año, llevando al Gobierno del presidente Gustavo Petro a decretar el estado de conmoción interior, una medida extraordinaria para intentar proteger a la población y restablecer el orden público.
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Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha advertido que la intensificación de operaciones militares también ha generado preocupación entre los habitantes, debido al aumento de los combates y al riesgo de afectaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El detonante de esta escalada violenta se registró el pasado 16 de enero en Tibú, donde fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa, Zulay Durán Pacheco, y su bebé de nueve meses. El ELN atribuyó ese ataque al Frente 33 y respondió con una serie de ofensivas armadas en Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí, municipios del Catatumbo históricamente golpeados por el conflicto.