El Gobierno Nacional empezó a preparar el procedimiento para el registro, entrega, custodia y destrucción de 13,5 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo. La mesa de diálogo con este grupo surgido de la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ se reactivó un mes después de suspenderse tras la asonada contra un grupo de soldados en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), el pasado 9 de septiembre.
Con los decretos 1053 y 1052 el Ejecutivo asignó responsabilidades y suspendió temporalmente operaciones militares ofensivas y especiales de Policía en dos puntos reservados en Nariño y uno en Putumayo, desde el 9 octubre hasta el 3 de noviembre de manera escalonada en cada lugar. Se trata del segundo proceso de desarme de una estructura armada en el marco de la ‘paz total’, tras el proceso con el Frente Comuneros del Sur, la disidencia del ELN en Nariño.
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La Oficina del Consejero Comisionado de Paz y de la Fuerza Pública, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) efectuaron unas visitas técnicas a los departamentos citados con el fin de realizar la inspección y selección final de los lugares para llevar a cabo dicha actividad.
El procedimiento será liderado por la Fuerza Pública en acompañamiento de la MAPP-OEA a partir del inventario entregado a la Oficina de Otty Patiño en el que se encuentra consignado la cantidad, ubicación, tipo y características del material de guerra.
El proceso, que incluye alistamiento, recepción, verificación, registro, custodia y destrucción en los puntos establecidos, tendrá una duración máxima de tres meses, contados a partir de la expedición del decreto 1053, es decir, el 7 de octubre.
«El Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de sus competencias, realizará las coordinaciones pertinentes para que la Fuerza Pública adopte las medidas de seguridad en las áreas donde se llevarán a cabo los procedimientos de registro, custodia y destrucción del material de guerra. La actuación de la Fuerza Pública en estas áreas se adaptará de manera diferencial teniendo en cuenta sus funciones y en consideración a las condiciones y circunstancias particulares del terreno, el ambiente operacional y las necesidades del servicio que permitan seguridad en la ejecución de lo dispuesto en este decreto», se lee en el documento.
De igual manera, corresponderá al grupo armado organizado ordenar a sus integrantes detener sus acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.
Una vez finalizado cada procedimiento de recepción, la Fuerza Pública tendrá 15 días para rendir informes sobre las acciones adelantadas, resultados obtenidos y contingencias presentadas.
El objetivo de la Oficina de Patiño es realizar un evento protocolario el próximo 15 de octubre en Putumayo.
Mediante la resolución 064 del 28 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la instalación de una mesa de diálogos de paz entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y los miembros representantes de la autodenominada Segunda Marquetalia. Sin embargo, la Segunda Marquetalia tuvo fracturas internas y se dividió oficialmente.
Los Comandos de la Frontera de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’ y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, rompieron con la Segunda Marquetalia después de que ‘Iván Márquez’, principal comandante del grupo desertor desconociera los avances hechos en las mesas de paz.
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Precisamente, este jueves, el Gobierno emitió una resolución mediante la cual revocó la designación de ‘Iván Márquez’ como miembro negociador en los espacios vinculados al proceso de paz con la Segunda Marquetalia. En el documento oficial se indica que la medida tiene efecto inmediato y reemplaza la resolución 258 del 8 de julio de 2024, que anteriormente había dispuesto su participación en las instancias correspondientes.
De esta manera se autodenominaron Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y manifestaron su intención de continuar los diálogos de paz a partir de los acuerdos alcanzados en junio de 2024 derivados del primer ciclo de diálogos, los cuales suscribieron en calidad de miembros representantes de la entonces Segunda Marquetalia.
El 25 de mayo de 2025 se suscribió el acuerdo número 10 que contiene, entre otros, el compromiso de entrega supervisada y coordinada con la Fuerza Pública, agencias del Estado y comunidad internacional con el adecuado monitoreo y verificación de material de guerra.
El proceso también incluye la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIUT).
Previo al inicio del sexto ciclo de diálogos, el jefe del Gobierno en la mesa, Armando Novoa, decidió suspender las conversaciones tras la asonada contra un grupo de soldados que realizaba un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo). La misma se retomó por falta de pruebas concluyentes de la responsabilidad del grupo armado en el hecho.
En un comunicado de prensa, la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechazó la asonada y aunque pidió que los hechos sean “aclarados exhaustivamente”, no negó su autoría. En su pronunciamiento, el grupo armado manifestó estar “comprometido con la paz” en los territorios en los que hace presencia.
En Nariño y Putumayo avanza el proceso de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional – EB. 🤝🏼
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) October 9, 2025
💬 A través del diálogo y la voluntad de las partes, se ha logrado construir una hoja de ruta con acciones concrétas hacía la transformación territorial. pic.twitter.com/VGBrHFAHQ1