El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay mantiene en máxima tensión a las instituciones colombianas. A pesar de que la Fiscalía aún no ha revelado de manera oficial una hipótesis única sobre los determinadores del crimen, el presidente Gustavo Petro ha planteado públicamente varios posibles responsables, generando controversia dentro y fuera del país.
En distintos escenarios, el jefe de Estado ha sugerido la participación de la guerrilla del ELN, de la Segunda Marquetalia, de la facción comandada por Iván Mordisco y hasta de una supuesta “junta del narcotráfico” con sede en Dubái. Este último señalamiento, poco sustentado hasta el momento, ha despertado la atención internacional al vincular estructuras criminales transnacionales con la política colombiana.
El caso, catalogado oficialmente como magnicidio, suma ya seis capturados. Entre ellos se encuentra el adolescente que disparó contra Uribe durante un acto de campaña, confesando que le ofrecieron 20 millones de pesos por el atentado. Otro de los nombres clave es alias El Costeño, señalado de articular la logística del ataque, presuntamente bajo órdenes de mandos medios de la Segunda Marquetalia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que se activó una junta de inteligencia conjunta con participación de agencias internacionales, con el objetivo de rastrear redes financieras y vínculos globales. Según sus palabras, “el crimen tiende a ser transnacional” y podría involucrar intereses de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Las autoridades, además, indagan la posible omisión o complicidad de miembros de la fuerza pública, una línea que hoy investiga la justicia penal militar. La opinión pública recuerda que el asesinato de Uribe Turbay no solo fue un ataque contra una persona, sino contra un proyecto político y la estabilidad institucional de la nación.
Colombia revive así fantasmas del pasado: la violencia política que marcó las décadas anteriores vuelve a irrumpir en pleno 2025. Mientras la Fiscalía avanza, el presidente Petro insiste en que el crimen responde a un entramado criminal que sobrepasa fronteras y que busca desestabilizar al país en un momento crítico de su historia.