El excanciller Álvaro Leyva fue citado este lunes 21 de julio de 2025 por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que amplíe los recientes señalamientos que ha hecho contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de ser supuestamente drogadicto.
La citación fue realizada por el representante a la Cámara Carlos Cuenca, del partido opositor Cambio Radical.
“En cumplimiento de lo dispuesto en el auto de sustanciación de fecha 10 de junio de 2025, mediante el cual se decretó como prueba la recepción del testimonio del doctor Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, me permito informar que la diligencia de declaración fue programada para llevarse a cabo el lunes 21 de julio de 2025 a las 11:00 a. m., dentro del trámite correspondiente al expediente de la referencia”, dice la citación firmada por Cuenca.
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Y añade: “La diligencia contará con el acompañamiento de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito a esta Comisión, quien será el encargado de remitir oportunamente el enlace de conexión para la respectiva diligencia, una vez esta haya sido debidamente confirmada”.
Es de recordar que Álvaro Leyva, quien fue destituido por la Procuraduría el 24 de enero de 2024, irá nuevamente a juicio disciplinario por presuntamente ejercer funciones pese a suspensión del cargo como canciller.
El Ministerio Público, en cabeza de la exprocuradora Margarita Cabello, destituyó a Leyva por las irregularidades cometidas en la licitación para adjudicar el contrato de impresión de pasaportes, con una inhabilidad y destitución para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que fue apelado por su defensa.
Sin embargo, pese al a sanción, el ente de control, a través de la Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que, presuntamente, Leyva Durán continúo ejerciendo como canciller incumpliendo la suspensión ordenada por la Procuraduría, decisión que le fue notificada por medios electrónicos y personalmente.
«Asimismo, se corroboró que Leyva Durán, entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2024, continuó ejerciendo las funciones del cargo de ministro de relaciones exteriores, toda vez que, bajo tal calidad, suscribió, entre otros, documentos como notas diplomáticas, certificaciones, solicitudes de cupo para vigencias futuras y varias resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores», señaló el Ministerio Público.
Este escándalo nació el año pasado en septiembre, cuando el excanciller del Gobierno Nacional declaró desierta ,bajo la Resolución 7485, la licitación de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos, debido a que estaría direccionada a beneficiar a la empresa Thomas Greg, que durante 17 años ha mantenido este negocio.
Según Leyva, ese freno lo hizo para salvaguardar los recursos estatales, pues al parecer todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con la jugosa contratación. Pero para la Procuraduría, con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad.
Posterior a ello, y para garantizar la expedición de este documento durante 12 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta bajo una resolución que también fue objeto de reparos -la 7541 del 14 de septiembre-. Con esa decisión, al parecer también incurrió en una vulneración a los principios que rigen la contratación estatal.
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La licitación desierta pasó a ser el primer cargo en el llamado a juicio disciplinario de Leyva, mientras que la declaración de urgencia manifiesta se convirtió en el segundo cargo. Frente al primero, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento encontró argumentos suficientes contra el exfuncionario, pero no frente al segundo hecho.
El entonces procurador delegado Ernesto Espinosa empezó la audiencia de lectura de fallo indicando que el caso se resolvió solo con dos procuradores de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, a la que pertenece. Después pasó a explicar cómo fueron, en 2023, los aplazamientos y trámites alrededor de la licitación de pasaportes.
Así fue como recordó que el comité a cargo de este proceso sugirió que le fuera adjudicada a la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg. Sin embargo, vinieron varias decisiones como el freno a la licitación y la urgencia manifiesta por 12 meses.
En cuanto al proceso disciplinario, Espinosa indicó que la imputación fue precisa, pues se especificó cuáles fueron las vulneraciones de tiempo, modo y lugar en las que incurrió Leyva. Y frente a los problemas jurídicos abordados en este expediente, el delegado recordó que para la Procuraduría el entonces canciller declaró desierta la licitación sin tener los presupuestos técnicos para ello.
En su momento, frente a este punto la defensa de Leyva consistió en decir que su «obligación era ser garante de los derechos de quienes quisieran hacer parte del proceso licitatorio”, añadiendo que “el presidente Gustavo Petro llama la atención porque solo una empresa entrega pasaportes (…) Me abrió los ojos y me llevó a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía razón el Presidente”.