En una jornada de inspección la Contraloría de Bogotá desplegó un inventario de los contenedores de basura distribuidos en la capital, en el marco de una actuación que adelanta el ente de control sobre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Desde la localidad de Engativá, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, explicó que el objetivo es verificar no solo la existencia de los contenedores en los puntos reportados, sino también sus condiciones, funcionamiento y estado de mantenimiento.
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“Los cinco operadores debían disponer cerca de 10.700 contenedores a lo largo y ancho de la ciudad para contener la basura que produce la capital. Sin embargo, al día de hoy, en el marco de una actuación especial de fiscalización que realizamos y que tiene como fin el mes de agosto del presente año, hemos encontrado inconsistencias y diferencias significativas entre lo reportado por la interventoría y por la UAESP”, afirmó.
Según los contratos firmados desde octubre de 2018, cuando entró en funcionamiento el nuevo esquema de recolección, barrido y limpieza en cinco zonas de la ciudad, los operadores de aseo tenían la obligación de instalar al menos 10.700 contenedores en el espacio público. Sin embargo, tras casi siete años de ejecución, el proceso de fiscalización ha evidenciado inconsistencias entre los registros oficiales y la infraestructura instalada.
“Por eso hoy disponemos de más de 150 funcionarios de la Contraloría verificando todos los puntos que fueron georreferenciados por la UAESP y en donde se nos informó que existían los contenedores, para verificar no solo su existencia, sino el correcto mantenimiento que se le ha hecho a los mismos”, dijo.
La Contraloría de Bogotá ya había identificado alertas en las cifras reportadas, lo que motivó este operativo de verificación masiva. Cada contenedor es evaluado con base en su ubicación georreferenciada, estado físico, funcionalidad y condiciones generales, como parte de la recopilación de evidencia clave para determinar el cumplimiento o no de los compromisos contractuales adquiridos por los operadores de aseo.
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La fiscalización estará activa hasta agosto de 2025 y se espera que sus resultados contribuyan a mejorar la prestación del servicio de aseo en Bogotá y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos invertidos en la limpieza de la ciudad.