El ídolo colombiano Lucho Herrera está en el centro de la polémica por las denuncias que lo involucran en un repudiable crimen en Fusagasuga, Cundinamarca. El caso se remonta al año 2002. De hecho, el exciclista admitió que pagó diez millones de pesos (unos 2.482 dólares) en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de cuatro personas.
«Yo se los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada», expresó Herrera en declaraciones recogidas por Noticias Uno, que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista, campeón de la Vuelta a España de 1987, durante una audiencia.
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Herrera, de 64 años, rindió versión libre ante la Fiscalía y, aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de «calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales».
La diligencia de Lucho Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos. La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias ‘Ojitos’, quien lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.
El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias ‘Ojitos’ y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias ‘Menudencias’, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.
Según Gómez, el objetivo era «mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla» y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, «desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares», señala el documento judicial.
En ese sentido, Lucho Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias Uno, que conocía a dos de las víctimas, que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.
Herrera, conocido como el ‘jardinerito de Fusagasugá‘, es uno de los íconos del ciclismo colombiano y fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, el 18 de julio de 1984, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d’Huez.
En un comunicado publicado semanas antes de la audiencia, Lucho Herrera rechazó los señalamientos hechos por los tres paramilitares. Añadió, además, que estas personas son «condenadas anticipadamente por delitos graves» que se han acogido a «sentencias negociados, por lo que rechaza sus declaraciones con «absoluta contundencia».
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«Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia», mencionó.
En esa misiva, el exciclista señaló que en su trayectoria como empresario y comerciante ha sido «víctima de extorsiones, amenazas y secuestros», situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. «En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas», añadió. El junio de este año, las autoridades identificaron los cuerpos de dos de los vecinos de Lucho Herrera asesinados en el 2002.