El instrumento jurídico puesto a consideración del legislativo por el Gobierno reconoce la justicia propia de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos, refuerza el derecho de los pueblos a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, y proporciona un marco que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
A su vez, establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como traducción del lenguaje y capacitación para los intérpretes, autoridades y operadores judiciales, promoviendo una justicia más inclusiva y recogiendo los elementos jurisprudenciales para la determinación del fuero indígena y los factores para establecer la competencia.
La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Justicia junto con el Consejo Superior de la Judicatura ante el Senado, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.
“La coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena no es un gesto simbólico: es una garantía concreta de acceso a la justicia como derecho fundamental, expresó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al explicar los fundamentos del articulado propuesto.
La iniciativa pretende llenar vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas ante la falta de reglamentación y coordinación entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia ordinaria.
Montealegre aclaró que no se crean ni modifican competencias jurisdiccionales, pero sí se establece reglas mecanismos efectivos de coordinación y principios orientadores que permitan resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación.
Incluye salvaguardas fundamentales para los derechos de las mujeres, estableciendo compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de ellas dentro de las comunidades.
El proyecto de ley radicado es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, dentro del marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
Con esta propuesta el Gobierno de Gustavo Petro busca garantizar que los pueblos indígenas accedan a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armónica entre los distintos sistemas jurídicos que coexisten en el país.