En el ejercicio de control y en el marco de sus funciones preventivas, la Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de su informe de seguimiento a la Ley de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia sexual, a fin de revisar el estado actual de cumplimiento por parte de las entidades responsables y emitir las recomendaciones correspondientes en materia de garantía del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Para la elaboración del robusto estudio, realizado con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, se requirió información de seguimiento a 13* entidades competentes y responsables de cumplir la Ley 1719 de 2014.
Para el ente de control, es preocupante que, del total de casos reportados, las principales víctimas de violencia sexual siguen siendo las mujeres y dentro de este grupo las niñas y las adolescentes. Para el caso de violencia contra hombres, el mayor número de víctimas fueron los niños. Se evidenció también que, los lugares de mayor riesgo para las víctimas son el hogar y los espacios de cuidado; y los hombres adultos, familiares o conocidos, los principales agresores.
Gracias a las cifras reportadas por las diferentes entidades competentes, la Procuraduría identificó que el mayor número de casos de violencia sexual se presentan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca; mientras que Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare, son los departamentos donde se registró mayor tasa de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes por cada 100.000 mujeres.
El ente de control también manifestó con preocupación, que las entidades reportaron aumento en delitos sexuales contra menores de edad, particularmente por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
El informe también analizó el abordaje de violencia sexual por parte de la justicia transicional, bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz, reconociendo el gran avance que significa el macrocaso no. 11, pero también los grandes retos para abordar los casos de violencia sexual dentro del conflicto armado.
Para la Procuraduría se evidencian esfuerzos institucionales, pero se presentan situaciones que pueden conllevar a mayores índices de impunidad de la violencia sexual y deben revisarse, tales como el alto porcentaje de archivos, el aumento de absoluciones y preclusiones, el bajo número de sentencias y de capturas; y la dificultad en el avance procesal de los casos, ya que la mayoría se encuentran en etapa de indagación.
El Ministerio Público alertó sobre la necesidad de fortalecer la reparación en la justicia ordinaria y la urgente necesidad de aumentar las indemnizaciones a las víctimas.
En el informe, la Procuraduría efectuó recomendaciones a las entidades competentes en materia de garantía del derecho de acceso a la justicia de las víctimas enfocadas en garantizar la identificación de los casos de violencia sexual y el reporte de información, el fortalecimiento de las entidades y de sus sistemas de información, garantizar las medidas de atención en el territorio nacional, con enfoque territorial, entre otras disposiciones.
Finalmente, la Procuraduría exhortó a las entidades a revisar el informe y a atender las recomendaciones referenciadas, que permitan adoptar medidas urgentes ante la grave situación que se evidencia en el documento, que demanda una respuesta institucional para la judicialización de agresores, la prevención efectiva y la atención oportuna en condiciones de dignidad.