La cartera de Educación pasó de 135 a 530 el número de acciones jurídicas emprendidas para reembolsar los dineros que debió pagar por indemnizaciones a particulares, causadas por servidores públicos que actuaron de manera dolosa o culposa, convirtiéndose en la primera entidad del Gobierno en aplicar este tipo de recursos, en lo que va corrido del año.
El mecanismo con el que el ministerio acudió a los jueces, llamado acción de repetición, le ha permitido culminar 42 procesos por $11.103 millones. Otros 435 casos por $17.081 millones siguen activos, según cifras reveladas en el más reciente Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional, correspondiente al segundo trimestre de 2025.
El reporte, revelado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), destaca este aumento y lo atribuye a una política institucional que prioriza la responsabilidad patrimonial y el uso de herramientas jurídicas para proteger el erario.
“El Estado no puede seguir asumiendo las consecuencias de decisiones individuales que afectan el patrimonio público. Es fundamental que más entidades adopten una gestión proactiva, fortaleciendo el uso de acciones de repetición como mecanismo de responsabilidad y defensa del interés general”, agregó el director de la ANDJE, Cesar Palomino Cortés.
Otras cinco entidades públicas hacen parte del top 6 del Informe de Litigiosidad: El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el sector justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) son las otras cinco entidades con más acciones de repetición 1.500 culminadas y cerca de 800 recursos activos.