En atención a los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva; y al exasesor de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de la contratación.
Los dos exfuncionarios habrían participado en un entramado de corrupción que, a cambio de dinero, favoreció a contratistas específicos para que se quedaran con varias órdenes de proveeduría, que tenían como propósito la realización de obras de mitigación o la adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en diferentes departamentos.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
Barreto Gantiva es señalado de gestionar y tramitar el reintegro de 100.000 millones de pesos de un convenio que la UNGRD celebró con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción tendría como propósito la desviación de los recursos para suscribir ocho órdenes de proveeduría con empresas y oferentes recomendados por una tercera persona. En contraprestación, los beneficiados entregarían el 7% del valor de cada contrato.
En las labores investigativas se estableció que producto de los procesos contractuales desarrollados, se generaron sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos.
De otra parte, Rodríguez Melo, al parecer, ubicó al contratista Luis Eduardo López Rosero, y le entregó con tres meses de anticipación información privilegiada de los procesos contractuales que se iban surtir para la compra de carrotanques para garantizar el suministro de agua potable en municipios de La Guajira.
Adicionalmente, se estableció que presuntamente recibió del citado contratista varias cotizaciones y se las entregó al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien finalmente celebró seis órdenes de proveeduría con el señor López Rosero.
Con estas actuaciones se causaron sobrecostos en favor del contratista por más de 14.163 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones habrían correspondido a dádivas para el exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo. Las evidencias indican que 700 millones fueron consignados a la cuenta de una mujer y 300 millones de pesos entregados en efectivo.