Prosperidad Social, en articulación con la Unidad para las Víctimas, realizó en Bucaramanga una jornada histórica de reparación integral a más de 500 víctimas del conflicto armado, quienes llevaban más de 20 años esperando el reconocimiento de sus derechos.
El evento se desarrolló en el marco de la política de Paz Total y Reparación Integral, que lidera el Gobierno del Cambio, y se constituyó en un acto simbólico y de justicia para las comunidades afectadas por la violencia.
Durante la actividad, las y los beneficiarios recibieron indemnizaciones administrativas, así como orientación para el uso adecuado de los recursos, con el objetivo de que esta compensación económica contribuya efectivamente a la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Además, se les ofreció acompañamiento psicosocial y se facilitó su acceso a programas de inclusión productiva, formación y fortalecimiento de emprendimientos, como parte de una estrategia integral para la superación de la pobreza y la exclusión.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, resaltó que la jornada es el resultado de un trabajo interinstitucional sostenido y de la voluntad política del Gobierno Nacional para saldar deudas históricas con las víctimas del conflicto armado.
“Después de décadas de espera, hoy las víctimas reciben no solo un reconocimiento económico, sino también un mensaje claro de que el Estado está presente para garantizar sus derechos y dignificar su vida», afirmó.
Los testimonios recogidos durante la jornada evidenciaron el impacto positivo de la reparación. Muchas personas manifestaron que, más allá del apoyo económico, el acto representa un cierre simbólico de años de dolor y desarraigo, y una oportunidad para proyectar un futuro con mayor seguridad y estabilidad.
Prosperidad Social reiteró su compromiso de continuar desplegando estas jornadas en todo el territorio nacional, priorizando las zonas más afectadas por el conflicto y las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad.
Asimismo, destacó que estos procesos de reparación son una herramienta fundamental para avanzar en la reconciliación nacional, el restablecimiento del tejido social y la construcción de una paz duradera.
La entidad recordó que la reparación integral de las víctimas es un deber del Estado, respaldado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que el cumplimiento de estas obligaciones es indispensable para garantizar la no repetición de la violencia.