viernes 29 marzo 2024
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Se suspende el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán - Google

Se suspende el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán

Cerca del mediodía de este jueves, 15 de febrero, Ernesto Espinoza, procurador del caso contra el canciller Álvaro Leyva por líos en la licitación de pasaportes, rechazó que la defensa del ministro lo haya recusado por enemistad grave, sin embargo, la audiencia quedó suspendida hasta que la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva ese recurso.

“No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, aseguró el procurador Espinoza.

Junto a la suspensión de tres meses de su cargo que la Procuraduría General de la Nación le dictaminó al canciller Álvaro Leyva Durán, está el juicio disciplinario en su contra por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso licitatorio para la expedición de los pasaportes en el país.

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En este juicio, que arrancaba hoy, el procurador delegado del caso le leería al ministro el pliego de cargos por el que se le acusa, en el que reposan dos supuestas faltas cometidas en la licitación.

Hay varios hechos que tendrá que explicar Leyva, como el motivo por el cual canceló el año pasado la licitación que ya daba como ganador, según las normas, a la compañía Thomas Greg & Sons; también el porqué, si se habla de transparencia en el proceso, decidió declarar la urgencia manifiesta para entregar a dedo por un año el contrato para la expedición de los documentos.

Además, tendrá que explicar sus razones para no conciliar con Thomas Greg & Sons, pese a las recomendaciones que se le hicieron desde el Comité de Contratación de la Cancillería y desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, exponiendo a la Nación a demandas que en una alta probabilidad podrían perderse.

Pero no menos grave, entre los hechos que se revisarán en el caso de Leyva Durán están todas las funciones, decisiones, comunicaciones y demás que tomó en representación de la Cancillería en las últimas semanas, según informó la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Lo anterior, debido a que desconoció en principio que se encontraba apartado del cargo. En ese sentido, se buscará determinar si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Y es que el canciller, desde que fue suspendido el pasado 24 de enero y hasta la semana pasada que acató la decisión, llegó a firmar 14 decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la suspensión que se le había impuesto y a que la procuradora Margarita Cabello ratificó en dos ocasiones, mediante oficios, la decisión inicial.

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El presidente Gustavo Petro ha llegado a asegurar que todo esto solo es un plan desde la Procuraduría para no dejarlo gobernar, y que sería una muestra más de que hay sectores políticos de oposición e instituciones politizadas que buscan un golpe blando.

Leyva, por su parte, espera que la suspensión sea tumbada para poder afrontar su juicio disciplinario en el cargo, esto gracias a la imposición de una tutela para anular el fallo del Ministerio Público alegando la vulneración en sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Yefferson Dueñas es el abogado defensor del canciller, quien aseguró que los hechos muestran que no hay garantías procesales para su defendido.

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Procuraduría sancionó e inhabilitó al exsenador Julián Bedoya - Google

Procuraduría sancionó e inhabilitó al exsenador Julián Bedoya

La Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional como abogado.

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“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico”, indicó el ministerio público.

La Procuraduría determinó que hubo manipulación de los reglamentos de la Universidad de Medellín para regular los trámites y procedimientos del proceso en beneficio del entonces senador, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.

Además, la entidad determinó que hubo alteración de varios documentos y que la presentación de exámenes por parte de Bedoya en un mismo día no se ajustaba con los tiempos en los que cursó un alumno de pregrado e, incluso, que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.

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“La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma”, agregó la entidad.

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La tenista Simona Halep fue sancionada por cuatro años - Google

La tenista Simona Halep fue sancionada durante cuatro años por dopaje

Sanción para Simona Halep durante cuatro años por dopaje. Así lo comunicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) la sentencia que apartará de las pistas a la tenista rumana por dos infracciones distintas de las normas antidopaje. No obstante, todavía tiene la vía del TAS para tratar de demostrar su inocencia.

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La deportista ya se ha pronunciado al respecto de este fallo. “El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida”, escribe parte del comunicado. “Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión”, publica Halep.

Halep (31 años), campeona en Roland Garros 2018 y en Wimbledon 2019, dio positivo en roxadustat en el mes de octubre de 2022 cuando competía en el US Open. El roxadustat, que se comercializa como Evrenzo, está incluido por la Agencia Mundial Antidopaje en el mismo apartado que la eritropoyetina (EPO). Desde entonces, la deportista fue suspendida y no podrá volver al circuito hasta octubre del año 2026, cuando tendrá 35 años.

Mientras tanto, ella mantenía su inocencia en cada comparecencia pública. En el pasado mes de mayo, emitió un duro comunicado: “No solo han matado mi reputación, también me han matado a mí como tenista profesional, por no hablar de las consecuencias de mi salud mental”. La exnúmero uno del mundo pudo dar sus explicaciones y argumentaciones ante la corte en Londres en el pasado mes de junio para defender su exculpación.

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La WTA también se ha pronunciado al respecto del fallo, apoyando la decisión tomada. “Es de suma importancia que los jugadores conozcan las reglas del Programa Antidopaje de Tenis y las sigan. El Tribunal Independiente ha emitido su fallo sobre el caso de Simona y, según el TADP, la decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La WTA apoyará las decisiones alcanzadas a lo largo del proceso y continuará siguiéndola de cerca”, dice el comunicado.

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Procuraduría confirmó sanción a Rodolfo Hernández por maltrato a veedor

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, de la Procuraduría, confirmó en segunda instancia la sanción contra el exalcalde Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por maltrato verbal contra el veedor Fernando Martínez Arenas.

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Según la entidad, no hay duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde Hernández al responder un reclamo a Martínez Arenas, quien cuestionaba al funcionario público por la poda de árboles que adelantaba la Empresa Municipal de Aseo en el Parque Solón Wilches, de la capital santandereana, en 2018.

Para el Ministerio Público, el procesado tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”.

Asimismo, la Procuraduría señaló que cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones que toman, y este tipo de funcionarios públicos tienen el deber de resolver con respeto las peticiones, sin atentar contra la dignidad de quienes les exigen respuestas.

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“El órgano de control señaló que, además, el disciplinable era consciente de que no tratar con respeto a otros con ocasión al servicio constituye falta disciplinaria, al punto que ha estado vinculado a otras investigaciones por situaciones fácticas similares”, concluyó el órgano de control.

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Presidente de la Cámara, Andrés Calle, pidió nulidad de su sanción - Google

Presidente de la Cámara, Andrés Calle, pidió nulidad de su sanción

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, solicitó la nulidad de la sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), que lo declaró infractor ambiental por construir una vivienda sobre un humedal en Montería.

La sanción de la autoridad ambiental también recae sobre su hermano Gabriel Calle Aguas, precandidato a la Gobernación de Córdoba y su progenitora, la señora Carmen Aguas Villalba.

Los Calle fueron hallados responsables de levantar una obra civil sobre el humedal Furatena, el cual es considerado como una de las principales reservas ecológicas de la capital cordobesa.

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La firma SawiaLegal, en cabeza del abogado Javier De La Hoz, recibió poder del presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, para representar sus intereses legales ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por la sanción impuesta recientemente por la CVS.

El abogado De La Hoz le explicó que la referida sanción es abiertamente ilegal y que así lo demostrarán ante la jurisdicción competente.

“El predio objeto de controversia fue adquirido el 17 de mayo de 2017, como se puede constatar en los registros públicos. Para esa fecha las obras por las cuales se impone la sanción ya estaban construidas, tal y como se probó al interior del proceso sancionatorio ambiental con documentos de la misma entidad investigadora que extrañamente no fueron tenidos en cuenta al momento de sancionar a nuestro representado”, expresó el defensor.

“En forma inexplicable, desde el primer acto que dio origen al procedimiento sancionatorio se acusó falsamente al doctor Andrés Calle de adelantar ilegalmente un ‘urbanismo’ al interior del humedal Furatena, cuando en realidad y conforme a las inspecciones efectuadas por la misma autoridad ambiental, se evidenció que no existe urbanismo alguno, salvo un ‘Kiosco’ el cual, según el manual de reconocimiento predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se define como un anexo constructivo de uso agropecuario”, explicó el defensor.

Por último, mencionó que la CVS desconoce los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Montería que señalan al predio en cuestión como de carácter rural, “por ende, conforme a la norma, está permitida la existencia de Kioskos”. En consecuencia, solicitará la nulidad del acto administrativo sancionatorio.

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Como se recordará, la autoridad ambiental se ratificó en la sanción económica que por 35 millones 734 mil 870 pesos deberán pagar de manera solidaria los hermanos Andrés y Gabriel Calle Aguas, y la madre de ambos, la señora Carmen Aguas Villalba.

También están obligados a realizar, en el término de dos meses, un estudio técnico que permita comprender la actual dinámica hidrológica e hidráulica en la zona afectada y, si el estudio respectivo lo requiere, proceder a la demolición de la obra. Igualmente, están obligados a reforestar una hectárea de terreno.

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Dura sanción de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández - Google

La Procuraduría dictó dura sanción a Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández fue inhabilitado 14 años por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control logró probar que el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial tuvo un “interés indebido” en el caso Vitalogic.

Con esta decisión, el Ministerio Público sancionó en primera instancia por hechos de corrupción al hombre que obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales.

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La decisión de la Procuraduría se tomó “al encontrar probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”. Todo eso mientras era alcalde de Bucaramanga en el período 2016 y 2019.

Así las cosas, Rodolfo Hernández quedaría destituido e inhabilitado para ocupar cualquier cargo público hasta el año 2037. Pese a que la decisión es un duro golpe político, la sanción todavía no frenaría la aspiración de Hernández a la Gobernación de Santander.

Esto último teniendo en cuenta que el excandidato presidencial puede apelar la decisión y la segunda instancia se surtiría ante el Consejo de Estado. Si Hernández apela, que es lo más posible, la sanción quedaría suspendida mientras el alto tribunal estudia el caso y decide de fondo.

El contrato que tiene a Rodolfo Hernández respondiendo ante la justicia desde hace varios años se firmó en julio de 2016 entre José Manuel Barrera Arias, quien en su momento fungía como gerente de Empresa Municipal de aseo de Bucaramanga (EMAB) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Tenía un costo inicial de $ 344 millones y se ejecutaría en el manejo de desechos del relleno sanitario El Carrasco, en Bucaramanga, con una duración de hasta tres décadas.

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Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los líos de corrupción se dieron cuando el entonces alcalde de Bucaramanga citó a Barrera, quien era su subalterno, para que le entregara el contrato a Alarcón.

Con ese objetivo, el hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, habría acordado repartir coimas entre los firmantes del contrato para que fuera otorgado a la firma Vitalogic RSU. Por ahora, el excandidato presidencial no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría.

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