miércoles 24 abril 2024
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El Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia comienzan proceso de paz

El Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ anunciaron a través de un comunicado por medio del Alto Comisionado de Paz el inicio formal de un proceso de paz.

Explica esa declaración, publicada por el Alto Comisionado de Paz, el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno nacional y esta organización armada al que le seguirá una definición de la agenda, unos protocolos de negociación y la instalación de la mesa de diálogo.

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“Iniciar formalmente un proceso de diálogos sociopolíticos contundentes a la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la organización armada rebelde Segunda Marquetalia”, señala el comunicado.

En el documento de once puntos, muchos de ellos tienen que ver con qué es lo que van a acordar, qué es lo que van a definir entre ellos; la Segunda Marquetalia reitera su compromiso expresado en el manifiesto fundacional de agosto de 2019 a desmarcarse totalmente de las retenciones con fines económicos, es decir, de los secuestros extorsivos.

El grupo guerrillero manifiesta “el interés de paz” y compromiso a acabar con los secuestros, sin embargo, hacen un llamado a los empresarios, ganaderos, y comerciantes a “contribuir al progreso de las comunidades rurales y urbanas”.

Además, hablan de crear una serie de zonas fronterizas de paz en las que se estimulen nuevas economías relacionadas con en el desarrollo de este proceso. Piden a la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia su acompañamiento en el proceso.

‘Iván Márquez’, el jefe de la Segunda Marquetalia, fue el número dos y el jefe negociador de las Farc en los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, que concluyeron con la firma del acuerdo de noviembre de 2016, pero casi tres años después retomó las armas y se instaló en Venezuela con un puñado de hombres, entre ellos alias ‘Jesús Santrich’, quien murió en mayo de 2021 en un ataque en ese país.

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En los últimos años varias versiones dieron por muerto en Venezuela a Márquez, quien ahora reaparece para liderar la nueva negociación de paz con el Gobierno que incluye, según la declaración de hoy, a otra disidencia llamada «Coordinadora Guerrillera del Pacífico – Comandos de Frontera».

El nuevo compromiso de negociar la paz subraya que no habrá «incumplimientos ni entrampamientos», en referencia a la persecución que, según las disidencias, sufrió ‘Santrich‘ después de firmar la paz y que lo llevaron a retomar las armas, donde encontró la muerte.

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Presidente de la JEP le respondió a exjefes del secretariado de las extintas Farc - Google

Presidente de la JEP le respondió a exjefes del secretariado de las extintas Farc

En las últimas se conoció un fuerte disgusto por parte del secretariado de la antigua guerrilla Farc frente a la JEP. La solución o no de este asunto podría ser crucial en el proceso que sigue el tribunal contra la antigua guerrilla.

Para los exFarc se estarían presentando algunos incumplimientos por parte de la JEP. Por esto, enviaron una carta al presidente Petro alertando sobre lo que ocurre y sus preocupaciones. De hecho, consideran que las decisiones del tribunal de paz podrían afectar la estabilidad jurídica de los firmantes de los acuerdos.

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En esta medida, los firmantes de los acuerdos han señalado que de ser necesario buscarían a la justicia internacional. Este disgusto podría ser considerado como uno de los más fuertes en los años que se han estado implementando los acuerdos de paz firmados en La Habana.

Por otra parte, los firmantes decidieron hacer esta alerta poco antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU llegara al país, pues este organismo le hace seguimiento al proceso de implementación.

Para la antigua guerrilla es crucial conocer cómo se resolverá este tema, ya que advierten que podrían alejarse de la JEP. Incluso, señalaron que este tribunal de paz estaría tomando distancia de los acuerdos, por lo que la seguridad de los firmantes podría estar en riesgo.

Poco después, la misma JEP se pronunció y señaló que no se puede aceptar el retorno a las armas o que la antigua guerrilla se aleje del proceso de paz por las decisiones que toma el tribunal. “Es inaceptable atribuir un asunto tan complejo a la actividad de la JEP, donde lo que hemos hecho es buscar la garantía y el procesamiento adecuado de los comparecientes”.

Ante esta situación, en Caracol Radio estuvo Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vidal mencionó: “nosotros respetamos la opinión que tienen los líderes sobre el tema del cumplimiento del acuerdo, pero, por supuesto, no la podemos compartir”.

De esta forma, el presidente de la JEP mencionó que el trabajo que desarrollan es de manera completamente autónoma. “Estamos fundamentados en que el ejercicio de la labor judicial por parte de la JEP, como todo ejercicio de un juez en una democracia, se realiza sobre la base de la completa autonomía de nuestra función”.

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Con esto, Vidal mencionó que consideran cuestionable que los exFarc intenten de alguna manera guiar el trabajo de la JEP. “Nos resulta inadmisible que intenten guiar u orientar por fuera del proceso judicial las actuaciones de la jurisdicción. En ese sentido, coincidimos con las apreciaciones que se han hecho desde la corporación excelencia en la justicia”

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Consejo de Estado absolvió a la Nación por secuestro de Consuelo González - Google

Consejo de Estado absolvió a la Nación por secuestro de Consuelo González

El Consejo de Estado revocó una demanda de reparación que había ganado la excongresista Consuelo González en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los daños que le ocasionó el secuestro del que fue víctima en 2001 por la columna móvil Teófilo Forero de las extintas Farc. El alto tribunal concluyó que no existió ninguna omisión en su protección porque ella conocía los riesgos a los que se enfrentaba.

Luego de su secuestro, la exparlamentaria presentó una demanda de reparación directa contra la Nación, es decir, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las omisiones que se presentaron en su protección. Según la demanda, el 10 de julio del 2001, González le solicitó a la Policía Nacional que se le asignara un esquema de protección, previo estudio de seguridad. Sin que el requerimiento fuera contestado y tras el secuestro del congresista Orlando Beltrán y las amenazas a otros políticos del Huila, la demandante fue secuestrada por la columna Teófilo Forero de las Farc. El hecho se produjo el 10 de septiembre del 2001, mientras se trasladaba desde Pitalito a Neiva, Huila. Estuvo secuestrada hasta el 10 de enero del 2008.

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La demanda fue aceptada por el Tribunal Administrativo del Huila, que concedió las pretensiones en primera instancia, por considerar que las autoridades fueron omisivas en su deber de proteger a la excongresista. La decisión fue apelada, por lo que llegó a manos del Consejo de Estado que la revocó. Estableció que no se probó que las autoridades omitieron su deber de protección, porque fueron omisiones de Consuelo González las que influyeron en la materialización del riesgo.

La sala encontró que la Policía Nacional había señalado que, mientras determinaba la condición de riesgo a la cual se enfrentaba la excongresista, era necesario que le informara sobre cada uno de sus desplazamientos, a fin de determinar las medidas preventivas que fuera menester. Como no se probó que la excongresista hubiera alertado a las autoridades sobre el riesgo iba a asumir con el desplazamiento que efectuó el día de su secuestro, se entiende que esta incumplió con el deber que le asistía para que la Policía pudiera asumir su protección.

“En estos casos no puede considerarse que el hecho de que se trate de una persona expuesta a riesgos propios del cargo que desempeña, le permita desatender las medidas que se le ordenan, o que pueda considerar que mientras resuelven su petición el riesgo está en cabeza del Estado, como si fuera un garante universal de los daños que pueden generarse, incluso, por la conducta imprudente de las víctimas”, subraya el fallo con ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz. El consejero Freddy Ibarra Martínez salvó el voto

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JEP declaró no amnistiable la masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc - Google

JEP declaró no amnistiable masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc

En una decisión de 30 páginas, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la masacre de 9 concejales en Rivera (Huila) y las lesiones a otra concejal y un patrullero es un delito no amnistiable y, por lo tanto, el exguerrillero Clinio Gasca Valderrama deberá responder ante la justicia transicional por esos hechos.

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El caso llegó a la SAI al revisar la situación de Gasca Valderrama, quien fue condenado en la justicia ordinaria por esa masacre, ocurrida el 27 de febrero de 2006, en la estancia Los Gabrieles de Rivera (Huila), cuando hombres de las Farc abrieron fuego desde múltiples posiciones al recinto donde sesionaban los concejales. En la escena del crimen se encontró un panfleto en el que la guerrilla declaraba como objetivo militar a los concejales y alcaldes de la zona mientras no renunciaran a sus cargos.

La investigación judicial determinó que el crimen fue ejecutado por la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’ y que Gasca Valderrama llevó a cabo labores de inteligencia previas al ataque.

Al analizar el caso, la SAI concluyó que “es claro que se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta de las hostilidades. Es decir, los concejales de Rivera (Huila) eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos, de acuerdo con el DIH”, se lee en la decisión.

En ese sentido, añade que “la conducta objeto de sanción penal es un crimen de guerra y, a efectos de este trámite, un delito evidentemente no amnistiable”.

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Como la SAI declaró como no amnistiable este crimen, el caso de Gasca será remitido a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que lleva el Caso 10, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta guerrilla.

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JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado - Google

JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado

El antiguo integrante del secretariado de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido como ‘Simón Trinidad’, fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras solicitar su ingreso en múltiples ocasiones.

Trinidad fue un importante comandante cuyo nombre siempre estuvo en las mesas de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esa extinta organización subversiva.

Desde esa época, los altos mandos guerrilleros exigían su regreso a Colombia, pero el Gobierno nunca cedió por lo complicado del trámite.

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Y es que no se trata de cualquier hombre, Trinidad llegó a ser uno de los líderes más importantes de las Farc y adquirió reconocimiento a nivel nacional e internacional tras ser responsabilizado por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en territorio colombiano.

El caso fue tan famoso, que las autoridades de toda América Latina y Europa se dieron a la tarea de hallarlo y lo encontraron en Ecuador, donde finalmente fue capturado.

Meses más tarde, en 2004, Juvenal Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos, en donde fue condenado a la pena máxima que permite el Acuerdo de Extradición entre ambos países: 60 años de cárcel en la reconocida prisión de ADMAX, la más segura de EE.UU. y una de las más temidas del mundo.

Bajo ese contexto, la Jurisdicción avocó conocimiento de cinco procesos penales en los que se encuentra procesado o acusado Trinidad. Aunque no especificó cuáles son los casos puntuales, la mayoría de ellos son por homicidio, secuestro extorsivo, rebelión y secuestro en concurso con violación de inmunidad diplomática.

Fuentes de la JEP que aseguraron que esta comparecencia no implica que la justicia transicional asumirá el caso de los estadounidenses, por lo que ese delito sigue bajo la Jurisdicción de EE.UU.

“En la resolución, firmada por la magistrada Diana Vega Laguna, integrante de la Sala de Amnistía o Indulto, también se declara la inhibición para estudiar dos casos en los que Palmera Pineda fue absuelto por parte de la justicia ordinaria y que tienen que ver con el secuestro de Consuelo González de Perdomo y el ataque a un vehículo perteneciente a la administración municipal de Gigante, en Huila”, detalló la JEP.

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Además de aceptar su ingreso, la Jurisdicción también le ordenó a su Unidad de Investigación y Acusación –que es como la Fiscalía de la JEP– que recabe información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra.
Así mismo, “que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual” de Trinidad en la justicia ordinaria.

El ahora compareciente ante la JEP está siendo procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros hechos delictivos cometidos durante el conflicto armado.

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Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños - Google

Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños

Se conoció la versión voluntaria rendida por Omaira Rojas Cabrera, conocida en el pasado como ‘Sonia’, por el caso 07 en la JEP, que investiga casos de reclutamiento de menores y abortos forzados. ‘Sonia‘ fue mando del Frente 14 de las Farc (uno de los que más reclutó niños) y extraditada en el pasado a los Estados Unidos por narcotráfico.

En su declaración, ‘Sonia’ negó cualquier conocimiento sobre reclutamiento de niños menores de 15 años; aseguró además que todo ingreso a las Farc era voluntario, y siempre en lo que supo incorporaron menores desde los 15 años porque estaba prohibido de más baja edad.

Esto se contradice por lo asegurado por una víctima quien señala directamente a la excomandante de las Farc de conocer sobre el ingreso de niños menores de 15 años, explicando que cuando entró a las Farc a los 10 años, fue recibido por la exguerrillera para proceder a colocarse un alias.

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“Alias ‘Sonia’ me dijo que a partir del momento me llamaba XXXX. Cuando llegue a la escuela el grupo de cursantes éramos 480, de los 480 integrantes 300 éramos menores de edad todos del Bloque Sur, pero de diferentes frentes, muchos de ellos contaban de que se los habían llevado engañados diciendo que les iban a pagar otros que iban para un paseo a conocer el Ecuador y la mayoría les decían que iban a tener armas entre las manos”, dijo la víctima.

A pesar de lo sostenido por el directamente afectado, ‘Sonia’ respondió que nunca conoció a la víctima cuando estaba en las filas y que supuestamente llegó a la zona después de que esta persona ingresó a las Farc.

Pero no fue el único caso que fue desconocido por la excombatiente de las Farc. ‘Sonia’ también negó ante la JEP que los padres desesperados que acudían a los campamentos de la guerrilla a preguntar por sus hijos fuesen amenazados y desplazados.

Un segundo hecho fue negado por ‘Sonia’ y se relaciona con un niño de 14 años que fue reclutado el 11 de julio del 2000 por el Frente 14 que ella integraba. Su madre retrató que ‘Sonia’ y otros exguerrilleros “engatuzaban” a los menores facilitándoles sus armas para que las manipularan y convenciéndolos; allí, afirmó que al enterarse del reclutamiento de su hijo habló con ‘Sonia’ quien le respondió que el niño se había ido voluntariamente y no había sido obligado.

Pero lo más grave que cuenta la progenitora, es que al buscar saber del paradero de su hijo se dirigió hasta el campamento de la guerrilla, y la respuesta que recibió al preguntar fue que tenía tres horas para abandonar el caserío.

“…me amenazaron dándome tres horas para desocupar el caserío, mi esposo quedó solo en la finca mientras yo me vine hacia puerto rico junto con mis hijos que me quedaron- sobre estos hechos de desplazamiento interpuse la respectiva denuncia”, narró la víctima.

Todo lo anterior fue desconocido por Omaira Rojas ‘Sonia’, quien afirmó que nunca habló con la madre del menor y sostuvo que además nunca se enteró de que las Farc amenazaran o desplazaran a los padres que se opusieran al reclutamiento o se acercaran a los campamentos a indagar.

“No tengo conocimiento de este caso, ni hablé alguna vez con alguna madre que preguntara por su hijo (…) Es entendible que por instinto maternal fueran a buscar a sus hijos (…) pudo haber muchos casos donde se denunciaron reclutamiento forzados por parte de los padres, siendo ingresos voluntarios. Según la experiencia de mis padres, o de lo que yo viví en el frente 14, nunca vi que guerrilleros amenazaran a los padres de las personas que ingresaban”, fue lo que sostuvo ‘Sonia’ ante el despacho de la JEP.

Adicional a lo anteriormente expuesto, afirmó que no sabía si había menores de edad porque no les preguntaba cuántos años tenían, dijo que no supo de niños que al fugarse fueran perseguidos por ello, y a pesar de que existe documentación de la Fiscalía y reportes de actividad que firma junto a otros comandantes sobre la escuela de entrenamiento de El Billar y traslados de personal, así como la declaración de un testigo (quien sostuvo que por lo menos el 65% eran niños de entre 15 y 10 años), ‘Sonia’ negó haber conocido esa escuela o haber estado allí.

“No había escuela de entrenamiento en El Billar. No tengo conocimiento respecto de la ubicación, operación, financiamiento y comandantes de esta escuela”, fue lo que respondió a pesar de la gruesa evidencia presentada por el despacho.

Adicional a su nulo reconocimiento por reclutamiento de menores de 15 años a pesar de evidencias como la escuela de entrenamiento de El Billar, o la descalificación a lo aseverado por varias víctimas, Omaira Rojas Cabrera ‘Sonia’ también negó haber conocido de algún caso de abortos forzados o violencia sexual contra menores dentro del Frente 14 de las Farc.

Lo anterior, a pesar del testimonio que uno de los propios exguerrilleros ha rendido ante la Fiscalía y la JEP, en el que aseguró que en Peñas Coloradas (Caquetá) había un hospital financiado por ‘Sonia’ (seguramente con dineros de las Farc) en el que las guerrilleras eran enviadas para que, aún en contra de su voluntad, les fueran practicados abortos.

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“En este pueblo nos quedaba también muy fácil ya a los guerrilleros que estábamos en otros frentes en llegar a ese hospital y yo estuve muy cercano ahí, y de ahí pues me daba cuenta cómo llegaban personas, mujeres, que no querían, que no querían, porque ellas pedían de que les diera la posibilidad de tener a su hijo, y pues, absolutamente no había nada que hacer”, narró el testigo en entrevista ante el exmagistrado Iván González Amado.

Además, el testigo mencionó dos nombres: Christian alias ‘Agujas’ y otra persona de nombre Gerardo Sócrates, de quien dijo practicaban los abortos a solicitud de las Farc en dicho centro de salud. Todo esto fue descalificado por “Sonia”, quien expresó que el único centro de salud de las Farc quedaba selva adentro, pero tampoco quiso dar información que pudiese permitir la ubicación de los nombres aportados, argumentando supuestas razones de seguridad.

“Debido a la situación de seguridad de las y los excombatientes, declarada por la Corte Constitucional como estado de cosas inconstitucional, no puedo dar información sobre la identidad y ubicación de personas. Para esto están las entidades estatales con las cuales se puede obtener la información requerida”, fue lo que respondió al despacho.

Adicionalmente, afirmó que nunca conoció de algún caso de violencia sexual contra menores de edad ni de abusos sexuales de comandantes de frente, o bloque, hacia subalternas.

También sostuvo que nunca supo de despojo de tierras a campesinos, o casos donde desertores de las Farc fueran perseguidos o asesinados, y mucho menos menores de edad que hayan decidido abandonar las filas y fuesen acribillados. De hecho, aseguró ante la JEP y las víctimas, que, si un guerrillero no quería fusilar a otro tras un Consejo de Guerra, se podía negar sin problema alguno.

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Mesa de diálogo entre Gobierno y Estado Mayor Central Farc será instalada el 8 de octubre - Google

Mesa de diálogo entre Gobierno y Estado Mayor Central Farc será instalada el 8 de octubre

En medio de la reunión que se desarrolla desde el pasado domingo 17 de septiembre entre la delegación de paz del Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc, disidencia de ‘Iván Mordisco’, se concretan las medidas que se implementarían en la mesa de diálogo.

Recordemos que este importante encuentro, que definiría el futuro del país, se realiza desde Súarez, Cauca. En el participan Camilo González Posso, quien representa al Gobierno Nacional y es uno de los negociadores en mesa con el Estado Mayor Central. Además, están presentes los representantes del Estado Mayor Central de las Farc.

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Por lo revelado, la mesa de diálogo comenzaría el 8 de octubre en el Catatumbo. Asimismo, tendría como garantes a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, el Reino de Noruega, la OEA, la Conferencia Episcopal, la Confederación Suiza, la República de Irlanda, y Venezuela.

Posso fue quien compartió la noticia sobre el cese del fuego bilateral, el cual comenzaría el 8 de octubre. Este duraría unos 10 meses, lo que significa que iría hasta el 8 de agosto.

De igual forma, se conoció que algunos de los acuerdos a los que lleguen ambas partes tendrán aplicación inmediata. Mientras que otros se irían implementando con el tiempo.

Adicionalmente, se conoció que se está revisando cómo trabajarían las misiones humanitarias, que en este caso serían ocho. Estas se ubicarían en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Putumayo y en el sur de Bolívar.

El proceso de negociación comenzaría con la instalación de algunos mecanismos: Entre el 19 de septiembre y el 8 de octubre de este 2023 se daría la preparación de los acuerdos y protocolos. Para el 8 de octubre se daría la instalación de la mesa y promulgación del decreto del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y CFBTNT.

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Mientras que del 8 de octubre al 11 de noviembre se daría la instalación del Mecanismo de Monitoreo y de Verificación. Además, entre noviembre 11 y agosto 8 del 2024 se estaría dando la revisión del acuerdo que busca proteger a la población y cese del fuego.

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Alias 'Gafas', carcelero de las antiguas Farc será negociador de paz - Google

Carcelero de las FARC detenido en Operación Jaque será negociador de paz

A través de una resolución con fecha del 24 de julio, se conocieron los nombres de otros negociadores en los diálogos de paz que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con la disidencia del Estado Mayor Central, comandada por ‘Iván Mordisco’.

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En el documento, firmado por el presidente, están los nombres de Alexander Farfán Suárez, Leidy Tatiana Rojas Olaya, Jaime Muñoz Dorado, Jonathan Jair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, y José Luis Rodríguez Mora.

Alexander Farfán Suárez, conocido como ‘Gafas’ o el carcelero de las antiguas FARC, y quien fue capturado en la Operación Jaque, en la que fueron liberadas 15 personas, entre ellas Ingrid Betancourt. Farfán perteneció al frente 1 de esa extinta guerrilla y estuvo involucrado en el secuestro de políticos y uniformados a quienes llamaban ‘canjeables’ y con quienes se esperaba un acuerdo humanitario para sacar de la cárcel a guerrilleros.

En la resolución también aparece por primera vez una mujer. Se trata de Leidy Tatiana Rojas Olaya, conocida en las filas como Ángela. Desde marzo de 2021 estaba detenida en la cárcel de Jamundí luego de haber sido detenida cuando transportaba armas, municiones y prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y elementos alusivos a los grupos disidentes.

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Según la resolución, todos participarán en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos, que se reanudó el pasado 8 de julio tras dos meses de suspensión por el asesinato por parte de ese grupo armado de cuatro menores de edad indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo.

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Alias 'Iván Márquez', jefe de la Segunda Marquetalia, estaría vivo - Google

Alias ‘Iván Márquez’ estaría vivo; publicó un extenso artículo

Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc está vivo y así lo confirma una publicación hecha este lunes en la página web del grupo armado irregular.

Márquez aparece firmando un documento denominado “Ideas para una visión continental”, que tiene fecha del 24 de julio de 2023.

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Cabe recordar que el pasado miércoles 19 de julio de 2023 surgió una versión de prensa en la cual se afirmó que Luciano Marín, nombre de pila de quien fundó el grupo disidente Segunda Marquetalia, no habría muerto, como se indicó en medios de comunicación colombianos, sino que se encuentra luchando por sobrevivir en la clandestinidad.

La información fue publicada por el Semanario Voz, que pertenece al Partido Comunista Colombiano, y a través de sus redes sociales y su página de Internet afirmó que Iván Márquez está vivo, aunque en delicadas condiciones de salud. Así surgió un nuevo relato del estado del hombre que firmó el acuerdo de paz con Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos, en septiembre de 2016, y luego se alzó en armas.

“De fuente confiable, podemos confirmar que Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, está vivo y en proceso de recuperación”, publicó el semanario en su perfil de Twitter, a las 3:42 p. m. (Hora Colombiana).

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Sobre Marín, que en caso de estar vivo tendría 68 años, pesaban cerca de 73 órdenes de captura, por los delitos de secuestro, reclutamiento ilícito, homicidio y desplazamiento; en un extenso listado de crímenes, en su gran mayoría de lesa humanidad, que le valieron la circular roja de Interpol.

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La JEP imputó delitos de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y 14 exjefes de las Farc - Google

JEP imputó cargos a Pablo Catatumbo y a 14 exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz logró una decisión histórica y desde Tumaco, Nariño, anunció la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de ese extinto grupo armado ilegal, Pablo Catatumbo. Junto a él, también cayeron 14 exjefes de esa guerrilla.

El caso estuvo en manos de la magistrada Belkis Izquierdo, quien, tras detallar las responsabilidades de los actores armados, individualizó a los quince máximos responsables. Estos tendrán un plazo máximo de treinta días (30) para presentarse ante la JEP y reconocer su responsabilidad o, de lo contrario, enfrentarse al proceso por la justicia ordinaria que puede traerles hasta veinte años de cárcel.

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Además de Pablo Catatumbo, están imputados Édgar López (’Pacho Chino’), Luis Carvajal (’Rambo’ o ‘Gustavo’), Hedier Espinosa (’Cachorro’), Groelfi Rodríguez (’Ramiro Cortés’), Wilfrido Ávila (’Mondanga’), Rubiel Torres (’Tachuela’), Arlez Porras (’Yesid Guevara’), Fabio Murcia (’Vitamina’), Jair Acosta (’Javier Guzmán’), Ricardo Palomino (’Jairo Perdomo’ o ‘Chiqui’), Alberto López (’William Santamaría’), José Castro (’el Doctor’), Diego González (’el Pollo’) y Juan Carlos Caicedo (’el Gordo’).

Según las investigaciones, todos los imputados hacían parte de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano. Pablo Catatumbo fue comandante del Comando Conjunto de Occidente y Édgar López fue comandante del Frente 29.
La imputación llega en el marco del Caso 02, del que Izquierdo es relatora, con el que la JEP priorizó las afectaciones que el conflicto causó entre 1990 y 2016 en los municipios nariñenses Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. En ese último se realizó la rueda de prensa, que fue precedida por un acto simbólico cultural.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las extintas Farc llevaron a cabo una “política de control social y territorial” que resultó en seis patrones macrocriminales. La zona especificada en el caso 02 es clave, porque concentra tres municipios que fueron “de interés geoestratégico de los actores armados”.

Las cifras de esos patrones son alarmantes. El primero de ellos —las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas— contempla 314 hechos que ocurrieron entre 1997 y 2016, lo que dejó como resultado 468 víctimas directas.

Los últimos dos patrones fueron el uso ilícito de minas antipersonal y restos explosivos de guerra, que dejó 279 víctimas identificadas, y la destrucción de la Naturaleza y el Territorio. Sobre este último se anotaron 71 hechos que fueron contra “la Naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa Su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y urbanas”.

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Por todo ello se imputaron dos tipos de crímenes. Los primeros son de lesa humanidad, o sea, graves delitos cometidos sistemáticamente contra la humanidad o parte de ella, como exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos, asesinato, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, entre otros.

Los segundos, crímenes de guerra, que son hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario y la dinámica que regula los conflictos armados. En este sentido se imputó también homicidio, reclutamiento y utilización de niños para participar en hostilidades, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, empleo de minas antipersonales, destrucción del medioambiente y destrucción y apropiación de bienes culturales y lugares de culto.

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