Centros Poblados

Recientemente, la Contraloría General de la República anunció que imputará cargos por responsabilidad fiscal a exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y a las empresas vinculadas con el caso de Centros Poblados en Colombia.

En entrevista, Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la entidad, se refirió a los nuevos hallazgos de este caso que involucran a Emilio Tapias y a la exministra de las TIC, Karen Abudinen.

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De acuerdo con la funcionaria, estas personas son presuntamente responsables fiscalmente por la suma de más 67 mil millones de pesos en irregularidades presentadas en el Contrato 1043 de 2020 que se ejecutó con el Fondo Único de TIC y la Unión Temporal, en el marco del proyecto de Centros Digitales que licitó la cartera de las TIC:

“Dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación se tiene conocimiento que las personas imputadas por parte de la Contraloría han entregado unas sumas de dineros que se deben tener en cuenta para imputación de cargos”.

Según explicó, este auto también se archivó a favor de 15 personas, entre ellas, el abogado y contratista Emilio Tapias, eso al considerar que no realizó labores de gestión fiscal, es decir, no administró recursos o fondos públicos.

De igual forma, aclaró que la exministra de las TIC Karen Abudinen tampoco tiene responsabilidad fiscal que, por la pérdida del dinero, ya que no se pudo establecer un manejo directo de fondos públicos por parte de la exfuncionaria:

“El contrato se realizó con el Fondo Único de TIC, que es ese momento estaba manejado por la secretaria general del Ministerio de las TIC, que ha sido imputada en este caso y sí tenía la responsabilidad legal y la ordenadora del gasto”.

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En total, fueron imputadas 11 personas, entre miembros de la Unión Temporal de Centros Poblados, del consorcio que estaba siendo interventor y tres exfuncionarios públicos del MinTIC. Por el momento, los imputados continúan en el proceso con medidas cautelares, mientras se emiten los fallos con o sin responsabilidad fiscal.